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El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 83-26, que autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para corregir deficiencias del mercado eléctrico y fortalecer la protección de los consumidores.
La propuesta busca modificar y adicionar disposiciones al marco legal del sector eléctrico, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y responder a las quejas ciudadanas por fluctuaciones de voltaje, interrupciones y daños a electrodomésticos.
El proyecto sigue la línea trazada por el presidente José Raúl Mulino para atender reclamos vinculados con la calidad del suministro eléctrico y los mecanismos de atención, compensación e indemnización al cliente.
Entre los principales cambios, la iniciativa contempla elevar las sanciones contra las empresas prestadoras del servicio eléctrico.
De aprobarse la propuesta, las compañías podrían enfrentar multas de hasta B/.20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.
El proyecto también plantea que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos pueda intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad cuando existan faltas que deban corregirse.
Esta intervención podría mantenerse durante el tiempo necesario para corregir la irregularidad, rescindir el contrato, resolver administrativamente la concesión o terminar la licencia correspondiente.
Para ello, se designaría un interventor cuya remuneración deberá ser cubierta por el propio prestador del servicio.
Además, el interventor quedaría inhabilitado por dos años para mantener vínculos comerciales o profesionales con la empresa intervenida, sus filiales o su grupo económico.
La propuesta incorpora medidas para garantizar mayor transparencia en la información suministrada a los clientes y establecer plazos definidos para la atención de reclamos.
También contempla el reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras, conforme a las reglas vigentes.
El objetivo es equilibrar la relación entre prestadores y usuarios, fortaleciendo la defensa del consumidor dentro del sector eléctrico.
La reforma también amplía las obligaciones de las empresas distribuidoras al incorporar elementos vinculados con la modernización del sistema.
Entre ellos figuran la implementación de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, estándares de transparencia operativa y compromisos de inversión.
Otro punto relevante es la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas.
La iniciativa establece que esta electrificación sea considerada una obligación inherente a la actividad de distribución eléctrica.
La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, indicó que unas 150 mil familias que actualmente no cuentan con el servicio podrían tener acceso a energía eléctrica.
El proyecto introduce ajustes regulatorios para reconocer estas inversiones dentro de la estructura de costos del sector, con el fin de hacer viable su ejecución.
Con esta propuesta, el Gobierno busca fortalecer la supervisión del servicio eléctrico, mejorar la calidad de atención al usuario y avanzar en el acceso a energía para comunidades que aún permanecen sin cobertura.
