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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión con diputados de distintas bancadas para explicar el paquete de reformas que el Ejecutivo presentará ante la Asamblea Nacional para modificar la Ley 6 de 1997, que regula el sector eléctrico panameño.
La propuesta busca corregir distorsiones en el mercado, fortalecer el marco regulatorio y mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.
El encuentro se realizó en el Salón Paz del Palacio de las Garzas y contó con la participación de una delegación de diputados encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda.
“Queremos presentarles las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico panameño. Queremos que se les explique en detalle, que puedan indagar y hacer las observaciones que tengan a bien”, expresó Orillac.
La reunión se produjo después de que el Consejo de Gabinete aprobara la Resolución 83-26, mediante la cual se autorizó al ministro a presentar el proyecto ante el Legislativo.
La autorización del Gabinete no convierte todavía la propuesta en ley. El documento deberá ser presentado, debatido y aprobado por la Asamblea, además de recibir la sanción presidencial.
Multas de hasta B/.20 millones
La iniciativa propone elevar hasta B/.20 millones las multas aplicables a las empresas eléctricas que incumplan la legislación o sus contratos de concesión.
También contempla facultar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos para intervenir temporalmente a un prestador cuando sea necesario garantizar la continuidad del servicio.
La intervención podría mantenerse mientras la empresa corrige la falta o hasta que se produzca la rescisión administrativa del contrato o la terminación de la licencia correspondiente.
El proyecto busca responder a las quejas por interrupciones frecuentes, fluctuaciones de voltaje, daños a equipos eléctricos y deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización.
Créditos por incumplimientos de calidad
Las reformas incorporarían plazos definidos para atender reclamos y mayores obligaciones de transparencia en la información suministrada a los clientes.
También permitirían reconocer créditos a favor de los usuarios cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad, conforme a la reglamentación vigente.
Las disposiciones relacionadas con los próximos contratos buscan equilibrar la relación entre las empresas y los consumidores, además de otorgar a la ASEP mejores herramientas de supervisión.
La ASEP informó en junio que ha impuesto más de B/.68.2 millones en multas por incumplimientos de indicadores de calidad registrados entre 2019 y 2024.
Cambios en dos legislaciones
El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, explicó que el paquete contempla modificaciones a 19 artículos vigentes y la incorporación de cuatro disposiciones nuevas en la Ley 6.
Además, propone cambiar dos artículos de la Ley 26 de 1996, relacionada con las funciones de la ASEP.
Rodríguez Jaramillo aseguró que el documento es producto de dos años de trabajo y aborda asuntos específicos dirigidos a beneficiar directamente a usuarios y consumidores.
En la reunión también participaron el asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega y la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo.
