La Voz Noticias La Voz Noticias: Mantente al día con las últimas noticias de política, economía, deportes y más.
El futuro de Cobre Panamá vuelve al centro del debate económico nacional.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, estimó que una eventual reactivación de la mina podría generar para el Estado más de 700 millones de dólares anuales, aunque aclaró que la cifra dependería del precio internacional del cobre.
Chapman explicó que, bajo el escenario analizado por la Comisión Interministerial, una parte de esos recursos tendría como prioridad financiar el cierre ordenado de la mina, cuyo costo ha sido estimado por el Gobierno entre aproximadamente 2,600 y 3,400 millones de dólares durante un período de 17 a 19 años.
El dinero restante podría destinarse a un fideicomiso ambiental para recuperar las zonas afectadas y financiar otros proyectos ecológicos, según el planteamiento explicado por el Ejecutivo.
Pero hay una precisión fundamental: el Gobierno todavía no ha decidido reabrir la mina.
La Comisión Interministerial entregó al presidente José Raúl Mulino un informe con 17 recomendaciones y seis criterios para evaluar cualquier solución. El documento recomienda estudiar la viabilidad de una puesta en marcha limitada que permita financiar posteriormente un cierre ordenado, sin costo para el Presupuesto General del Estado y sin posibilidad de prórroga.
Chapman señaló además que cualquier eventual operación tendría condiciones consideradas no negociables: respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, cumplir la Constitución y las leyes, recuperar el ambiente, aumentar sustancialmente los recursos que recibe el Estado y beneficiar directamente a las comunidades afectadas.
Otro requisito sería alcanzar un finiquito que extinga los arbitrajes internacionales relacionados con el proyecto.
La propuesta, sin embargo, enfrenta rechazo de organizaciones ambientales y comunitarias, que consideran que volver a extraer mineral para financiar el cierre contradice la ruta de cierre definitivo y podría generar nuevos impactos ambientales.
La decisión final permanece ahora en manos del presidente Mulino, quien ha señalado que estudiará el informe antes de comunicar al país cuál será el camino a seguir.
