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El nombre de Ramón Alberto Chiari Brin y BAC queda en el centro de un escándalo
Editorial | La Voz Noticias
La banca vive de un activo más valioso que el dinero: la confianza. Cada cliente deposita sus ahorros creyendo que detrás de cada operación existen controles, auditorías y mecanismos capaces de impedir que recursos de origen dudoso entren al sistema financiero. Por eso, cuando una investigación por un presunto fraude superior a 40 millones de dólares en créditos fiscales comienza a rozar el nombre de una entidad bancaria y de uno de sus principales ejecutivos, la discusión deja de ser únicamente jurídica y se convierte en un asunto de interés nacional.
En los últimos días, el nombre de Ramón Alberto Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá, ha cobrado relevancia luego de los señalamientos públicos realizados por el expresidente Ricardo Martinelli y de la divulgación de un contrato de cesión de créditos fiscales por más de B/.10.8 millones. La existencia de ese documento no prueba por sí misma una conducta ilegal ni determina responsabilidad alguna, pero sí abre preguntas que una investigación deberá responder con claridad y objetividad.
El verdadero debate no gira únicamente alrededor de una persona o de una institución bancaria. La pregunta de fondo es si el sistema financiero aplicó todos los mecanismos de verificación que exige una operación de semejante magnitud. ¿Se comprobó el origen de esos créditos? ¿Se evaluó adecuadamente el riesgo? ¿Funcionaron los protocolos internos? Son interrogantes legítimas cuando están en juego recursos que, presuntamente, tendrían origen en un fraude contra el Estado.
Las entidades financieras son actores fundamentales para la estabilidad económica del país. Precisamente por esa importancia, el estándar de transparencia que se espera de ellas debe ser incluso mayor que el exigido a cualquier otra actividad económica. Cuando aparecen cuestionamientos públicos sobre operaciones millonarias, la mejor respuesta no es el silencio, sino la apertura, la documentación y la colaboración con las autoridades.
En Panamá ya no basta con que las investigaciones se concentren únicamente en quienes presuntamente manipularon sistemas informáticos o firmaron documentos dentro de una institución pública. La ciudadanía también espera conocer qué ocurrió después: quién adquirió los créditos, bajo qué condiciones, qué controles existieron y si todas las partes actuaron conforme a la ley.
La justicia deberá establecer responsabilidades, si las hay. Mientras tanto, el país tiene derecho a exigir respuestas. Porque cuando la confianza comienza a confundirse con la conveniencia, no solo se pone en riesgo la reputación de una empresa o de un ejecutivo; también se erosiona la credibilidad de todo el sistema financiero panameño.
La transparencia no perjudica a las instituciones sólidas. Por el contrario, es el camino más seguro para preservar la confianza que durante décadas han construido ante sus clientes y ante el país.
