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Lo ocurrido ayer durante la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, dejó sobre la mesa un señalamiento que podría abrir un nuevo frente judicial: el fiscal superior anticorrupción Eduardo Rodríguez recordó que existe otra investigación relacionada con una exoneración tributaria de más de $16 millones a favor de FCC Construcción.
El señalamiento no fue menor. Mientras el Ministerio Público sustentaba ante el tribunal la imputación contra De Gracia, el fiscal Rodríguez trajo nuevamente a escena el caso FCC, una investigación distinta que mantiene bajo escrutinio decisiones tomadas durante su gestión al frente de la DGI.
La investigación gira alrededor de $16.3 millones en obligaciones tributarias de FCC que habrían sido eliminadas durante la administración de De Gracia.
El antecedente está documentado: el *11 de agosto de 2023, la DGI emitió la Resolución 201-7728, que revocó una resolución de 2017 mediante la cual se establecía una obligación tributaria de *$16,318,108.51**, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta y Complementario de los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015.
Ahora el Ministerio Público vuelve a colocar ese expediente sobre la mesa.
Y el momento resulta significativo: no se trata de un señalamiento aislado en medios ni de una discusión política. Fue el propio fiscal superior anticorrupción quien recordó la existencia de esta investigación durante una audiencia judicial contra el exdirector de la DGI.
¿FCC fue la única?
El caso plantea además una interrogante mucho más amplia.
¿Fue FCC la única empresa constructora beneficiada con decisiones tributarias millonarias durante la gestión de Publio De Gracia?
Esta pregunta cobra especial importancia ante la necesidad de determinar si existieron otros acuerdos, resoluciones o actuaciones similares con empresas contratistas del Estado.
Una revisión de las decisiones adoptadas durante aquella administración podría establecer cuántas constructoras recibieron beneficios tributarios, por qué montos y bajo qué criterios fueron otorgados.
El caso FCC, por sí solo, involucra más de $16 millones que el Estado dejó de cobrar y que hoy forman parte de una investigación.
Además, FCC continúa teniendo participación en proyectos públicos y mantiene interés en nuevas contrataciones estatales, lo que aumenta la relevancia de que las autoridades esclarezcan completamente lo ocurrido.
Para Publio De Gracia, por tanto, la audiencia de ayer dejó algo más que la imputación que enfrentaba en ese momento.
El fiscal anticorrupción recordó que hay otro expediente abierto. Uno de $16.3 millones. Y la gran pregunta ahora es si FCC fue un caso aislado o apenas uno de varios que todavía falta conocer.
