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La empresa acumuló 14 contratos con el Ministerio de Obras Públicas durante 2025. Parte de las adjudicaciones se realizó bajo la figura de emergencia ambiental, mientras su presidente, Alberto Jurado, vuelve al escrutinio público por sus antecedentes en el caso Blue Apple.
La relación contractual entre Bagatrac, S.A. y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) volvió a colocarse bajo la lupa luego de conocerse que durante el año 2025 la constructora acumuló 14 contratos por un monto aproximado de $42.8 millones.
De ese total, $8.9 millones fueron adjudicados de manera directa, utilizando como fundamento situaciones de emergencia ambiental.
Las cifras convierten a Bagatrac en uno de los contratistas que mantuvieron una importante actividad con el MOP durante ese período.
14 contratos en un solo año
De acuerdo con los datos divulgados, Bagatrac registró durante 2025:
- 14 contratos con el MOP.
- $42.8 millones en monto acumulado.
- $8.9 millones mediante contrataciones directas por emergencia ambiental.
Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco dólares adjudicados a la empresa dentro de esos $42.8 millones correspondió a contrataciones directas vinculadas a emergencias ambientales.
La utilización de este mecanismo no constituye por sí misma una irregularidad: la legislación permite contrataciones excepcionales cuando concurren las circunstancias establecidas legalmente. Sin embargo, el volumen de recursos adjudicados hace pertinente conocer qué obras fueron contratadas, dónde se ejecutaron, cuáles fueron declaradas emergencias y bajo qué criterios técnicos se escogió al contratista.
La Barqueta: otro contrato millonario
Entre los proyectos adjudicados a Bagatrac durante 2025 figura el estudio, diseño y construcción del camino La Nobleza–Playa La Barqueta, en Chiriquí.
Bagatrac presentó una oferta cercana a $8.8 millones, inferior a las propuestas de otros participantes. Ininco, S.A. ofertó aproximadamente $9.3 millones, mientras que el Consorcio C&T presentó una propuesta cercana a $9.6 millones. El MOP terminó adjudicando el contrato a Bagatrac.
En este caso se trató de un proceso competitivo y no de una contratación directa, una diferencia importante al analizar el conjunto de adjudicaciones recibidas por la compañía.
El antecedente Blue Apple
El escrutinio sobre Bagatrac adquiere otra dimensión debido a los antecedentes de su presidente, Alberto Jurado.
Según la investigación periodística publicada en abril de 2026, Jurado reconoció ante la Fiscalía Anticorrupción haber realizado pagos por casi $3 millones dentro del esquema conocido como Blue Apple y posteriormente suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
El caso Blue Apple investigó una estructura mediante la cual empresas contratistas realizaban pagos asociados a contratos de obras públicas. En noviembre de 2023 se produjeron condenas contra siete personas y esa decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
La existencia de esos antecedentes, sin embargo, no implica legalmente una prohibición automática para que Bagatrac continúe contratando con el Estado. La normativa panameña vigente no establece una inhabilitación automática de una empresa por el solo hecho de que uno de sus directivos haya estado involucrado en hechos de esta naturaleza bajo las circunstancias descritas en ese proceso.
Más de $219 millones durante el gobierno anterior
La relación de Bagatrac con el Estado tampoco comenzó en 2025.
De acuerdo con información recopilada por La Prensa a partir de datos del propio MOP, durante la administración de Laurentino Cortizo, Bagatrac acumuló más de $219 millones en contratos entre 2021 y 2023. La investigación también señala que la empresa realizó aportes a la campaña presidencial de Cortizo en 2019, algo que la legislación electoral vigente en aquel momento no prohibía a los contratistas estatales.
Además, en noviembre de 2024 el MOP solicitó a la Asamblea Nacional aprobar traslados de partidas por aproximadamente $24 millones a favor de Bagatrac, según el mismo reporte.
Las preguntas que quedan abiertas
El debate no debería limitarse a determinar si una empresa puede o no contratar legalmente con el Estado.
Cuando una compañía acumula decenas de millones de dólares en contratos públicos y una parte de ellos es entregada utilizando procedimientos excepcionales, la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad cómo se tomaron esas decisiones.
¿Cuáles fueron exactamente las 14 contrataciones otorgadas a Bagatrac durante 2025?
¿Cuáles fueron adjudicadas mediante licitación y cuáles directamente?
¿Qué emergencias ambientales justificaron los $8.9 millones contratados mediante excepción?
¿Qué empresas fueron consideradas antes de realizar esas adjudicaciones?
¿Los precios fueron comparados con valores de mercado?
¿Las obras fueron terminadas dentro de los costos y plazos establecidos?
Son preguntas legítimas cuando se trata de $42.8 millones de recursos públicos en apenas un año.
El asunto no consiste en declarar culpable a una empresa por obtener contratos del Estado. Se trata de algo mucho más elemental en una democracia: transparencia, rendición de cuentas y capacidad de explicar públicamente por qué, cómo y a quién se adjudican millones de dólares provenientes de los contribuyentes.
Los contratos pueden estar dentro de la ley. Pero cuando existen antecedentes, adjudicaciones excepcionales y decenas de millones de dólares involucrados, la transparencia no debería ser excepcional: debería ser obligatoria.
