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La actividad bursátil en Panamá se reactivó esta semana con la adjudicación de $240.9 millones en Letras del Tesoro, correspondientes a la segunda subasta de 2026, a un plazo de 12 meses.
Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas, la colocación incluyó $240.2 millones en ofertas de primera vuelta y $750 mil en segunda vuelta, reflejando un fuerte interés de inversionistas en los instrumentos de deuda soberana de corto plazo.
Alta demanda en el mercado
La subasta tenía inicialmente un monto indicativo de $50 millones, pero recibió ofertas por $366.9 millones, lo que representa más de siete veces el monto anunciado.
En total se registraron 46 ofertas competitivas por $181.7 millones y 22 ofertas no competitivas por $185.2 millones, con una destacada participación de inversionistas institucionales y de los Creadores de Mercado del Programa de Letras del Tesoro.
El precio de corte se ubicó en 95.76%, superior al registrado en la subasta de febrero de 2026, mientras que el rendimiento promedio ponderado alcanzó 4.347%, lo que representa una reducción de 18 puntos básicos frente a la subasta anterior.
Para las autoridades financieras, este comportamiento confirma una tendencia de reducción en las tasas del mercado local de deuda pública y refleja el crecimiento del mercado de capitales panameño.
Contexto de la deuda pública
Actualmente, la deuda pública de Panamá ronda los $56,000 millones, con pagos de intereses por $3,661 millones y amortizaciones de capital por $2,051 millones, según datos oficiales del MEF.
Para comparación, la deuda pública se ubicaba en $53,000 millones en diciembre de 2024, mientras que en 2019 era de aproximadamente $31,000 millones.
Eliminación de más de 180 mil personas jurídicas
En paralelo al movimiento en el mercado financiero, el gobierno también informó sobre la disolución de 180,346 personas jurídicas, proceso realizado en el Registro Público de Panamá y acompañado por la cancelación de su Registro Único de Contribuyente ante la Dirección General de Ingresos.
Esta medida forma parte de un plan en dos etapas orientado a fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, en cumplimiento de la legislación nacional y compromisos internacionales.
La primera etapa abarca sociedades que mantenían marginal de disolución por falta de pago de la tasa única durante más de 10 años, específicamente desde 2016, según lo establecido en el artículo 318-A del Código Fiscal.
Posteriormente, una segunda etapa incluirá personas jurídicas con estatus de suspendidas en el Registro Público, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.
Las autoridades indicaron que el proceso continuará de manera progresiva y controlada, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema financiero panameño.
