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En las próximas horas, los juzgados electorales de Panamá tomarán una decisión crucial que podría alterar el equilibrio de poder en la Asamblea Nacional. Tras las elecciones del 5 de mayo, alrededor de 15 diputados de cinco circuitos electorales enfrentan impugnaciones, y los juzgados deberán determinar si se admiten o rechazan estas acciones legales.
El reparto de las impugnaciones a los diferentes juzgados del Tribunal Electoral se realizó ayer, dando inicio a un proceso que mantiene en vilo a los candidatos objetados. Algunos de ellos intentaron acceder a los expedientes, pero les fue imposible debido a que aún no se había tomado una decisión sobre la admisión o rechazo de las demandas.
Entre los circuitos afectados se encuentran el 8-4, donde candidatos del Movimiento Otro Camino, la coalición Vamos y el Partido Revolucionario Democrático han sido impugnados. En el circuito 8-2 de San Miguelito, cinco diputados electos de Vamos enfrentan objeciones, mientras que en el 13-4 de La Chorrera, las proclamaciones de tres diputadas han sido cuestionadas.
Si las impugnaciones son acogidas pero no se resuelven antes del 1 de julio, cuando se instala la Asamblea Nacional, el equilibrio de poder en el pleno legislativo podría cambiar drásticamente. Actualmente, la bancada independiente Vamos cuenta con 20 diputados, seis de los cuales han sido impugnados, mientras que el oficialista Realizando Metas ha sumado cuatro curules adicionales, pasando de 14 a 18 diputados.
La sociedad civil organizada, la clase empresarial y la clase política del país han pedido prudencia y agilidad al Tribunal Electoral en el manejo de estas impugnaciones. Todas las miradas están puestas en los juzgados electorales, cuyas decisiones podrían tener un impacto significativo en la configuración del poder legislativo y, por ende, en el futuro político de Panamá.
