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Benedicto Guerra, recientemente electo representante del corregimiento de Las Lajas, distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, ha presentado su renuncia al cargo en respuesta a un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá.
La decisión de la CSJ, que declara inconstitucionales dos párrafos de la Ley 376 del 31 de marzo de 2023, prohíbe las licencias con sueldo para alcaldes y representantes, impidiéndoles elegir el mejor salario entre su cargo público previo y el nuevo puesto electo.
En su carta de renuncia enviada al Tribunal Electoral, Guerra explicó que su salario como funcionario permanente del Ministerio de Salud (Minsa) es superior al que recibiría como representante. «Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia afecta el bienestar de mi familia y el mío propio», manifestó el licenciado en Enfermería, quien figura en la planilla del Minsa con un sueldo de B/.2,180.00.
Este caso ha puesto de relieve las implicaciones de la nueva normativa en la vida de los servidores públicos electos, quienes ahora se enfrentan a la disyuntiva de renunciar a sus puestos permanentes para asumir sus roles políticos con un salario menor.
La resolución de la CSJ ha generado un intenso debate sobre la equidad y las consecuencias prácticas de esta medida en el sistema político panameño. Queda por ver cómo afectará esta decisión a otros funcionarios en situaciones similares y qué impacto tendrá en la representación política a nivel local.
