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La Asamblea Nacional de Panamá ha dado un paso significativo en la regulación de las indemnizaciones a altos ejecutivos de empresas estatales. En una sesión plenaria, los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 23, que busca frenar las indemnizaciones millonarias a altos cargos en entidades públicas.
El proyecto, aprobado con 56 votos a favor y una abstención, establece que el gerente general, subgerente y auditor interno de empresas estatales solo tendrán derecho a vacaciones proporcionales y décimo tercer mes al concluir su periodo o ser reemplazados.
Esta iniciativa surge como respuesta a la polémica generada a finales del gobierno anterior, cuando varios altos funcionarios recibieron cuantiosas indemnizaciones mediante acuerdos mutuos, lo que fue calificado por el actual presidente, José Raúl Mulino, como «juega vivo».
La diputada Ariana Coba, impulsora del proyecto, enfatizó que el objetivo es dejar claro que estos cargos son de libre nombramiento y remoción, sin derecho a indemnizaciones adicionales. Coba recordó que solo la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) pagó casi un millón de dólares en indemnizaciones en la administración pasada.
La ley modifica disposiciones en cuatro normas existentes, incluyendo la Ley 6 de 1997, la Ley 23 de 2003, la Ley 76 de 2010 y la Ley 109 de 2013, para unificar el tratamiento de estos cargos en diversas entidades estatales.
Este proyecto de ley representa un esfuerzo por mejorar la transparencia y la gestión de recursos públicos en Panamá, limitando los beneficios excesivos a altos funcionarios al término de sus funciones.
