El reciente anuncio de un incremento salarial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha provocado un amplio rechazo en Panamá. La medida, que eleva los ingresos mensuales de los magistrados a más de $14,000, representa un aumento del 66.7% y ha sido criticada por diputados, líderes sociales y ciudadanos.
Reacciones en la Asamblea Nacional
Durante el período de incidencias en la Asamblea Nacional, varios diputados expresaron su inconformidad:
- José Pérez Barboni (Movimiento Otro Camino):
«Un aumento de casi 50% no refleja austeridad en un Estado que lucha por mantener sus finanzas públicas». - Alexandra Brenes (Vamos):
«¿Esto reducirá la mora judicial que afecta al país?». - Yamireliz Chong (Vamos):
«Es una cachetada al pueblo panameño. Mientras discutimos si aumentar la edad de jubilación por falta de fondos, los magistrados se suben el salario». - Jhonathan Vega:
«El pueblo siempre paga los platos rotos, mientras las autoridades se benefician».
Justificación y críticas
El aumento salarial, aprobado en una sesión del pleno de la CSJ el pasado 8 de enero, fue justificado como un esfuerzo por equiparar los ingresos de los magistrados panameños con los de otros países de la región. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a muchos, quienes consideran que el país enfrenta problemas más urgentes como la mora judicial y el debilitamiento de la economía.
Además, el artículo 411 del Código Judicial establece que los procuradores de la Administración y de la Nación deben recibir la misma remuneración que los magistrados, lo que podría generar un efecto cascada en los costos del sistema judicial.
El impacto en la opinión pública
La medida ha sido percibida como insensible, especialmente en un contexto donde se discuten reformas que afectarían a la población, como el aumento en la edad de jubilación. La Corte Suprema de Justicia, hasta ahora, no ha emitido un comunicado oficial explicando los motivos del aumento ni su impacto en otras instancias judiciales.
Un llamado a la reflexión
El aumento salarial de los magistrados ha puesto nuevamente en evidencia la desconexión entre las autoridades y las necesidades del pueblo. En un país donde la percepción de la justicia es negativa y la economía enfrenta retos significativos, las decisiones de los líderes deben ser evaluadas con mayor responsabilidad y sensibilidad hacia las demandas ciudadanas.