Mientras en la mayoría de los países latinoamericanos se preparan con fervor las tradicionales procesiones de Cuaresma y Semana Santa, en Nicaragua la realidad es otra: por segundo año consecutivo, estos actos religiosos han sido prácticamente prohibidos, reflejo de una creciente represión estatal contra la Iglesia católica y otras expresiones de fe.
Más de 200 figuras religiosas en el exilio
Según denuncias de sacerdotes exiliados, activistas de derechos humanos y organismos internacionales, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la persecución religiosa. Más de 200 figuras religiosas han sido forzadas al exilio, entre ellas sacerdotes, monjas y seminaristas. Los que permanecen en el país viven bajo vigilancia constante, deben pedir permiso para realizar visitas pastorales y someter sus sermones a aprobación previa.
«Están atados, sirviendo bajo la amenaza», confesó un sacerdote desde el exilio, en declaraciones recogidas por The Associated Press, solicitando el anonimato por temor a represalias contra sus familiares.
El papel de Estados Unidos y la comunidad internacional
El gobierno de Estados Unidos ha condenado enérgicamente la situación. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al régimen nicaragüense de intentar eliminar la Iglesia católica y cualquier expresión de fe que represente una amenaza a su poder.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EE.UU., en su informe de marzo, describió las condiciones religiosas en Nicaragua como “abismales”, señalando una serie de abusos como hostigamiento, arrestos, deportaciones, ataques a templos y cancelación de organizaciones religiosas.
La Iglesia, blanco de la represión desde 2018
La relación entre el gobierno y la Iglesia católica se deterioró severamente tras las protestas cívicas de 2018, cuando muchos templos abrieron sus puertas a jóvenes heridos y perseguidos por las fuerzas de seguridad. El régimen respondió calificando a los religiosos como “terroristas” y responsables del “desorden”.
“Lo único que hizo la Iglesia fue ponerse del lado de los perseguidos”, recordó el exiliado líder opositor Félix Maradiaga, quien también fue encarcelado y privado de rezar públicamente durante su reclusión.
Estrategia del régimen: cooptar la fe
El gobierno ha intentado establecer una especie de “iglesia paralela” alineada con su ideología. Las procesiones públicas están restringidas únicamente a sacerdotes que apoyan abiertamente al régimen. Mientras tanto, las autoridades promueven eventos religiosos alternativos organizados por alcaldías oficialistas, en un intento de simular normalidad.
Para los críticos, esta estrategia busca replicar el modelo chino de control sobre las expresiones religiosas, subordinando la espiritualidad a la ideología del Estado.
Silencio forzado y esperanza persistente
La represión ha tomado nuevas formas. Las agresiones y amenazas son ahora tan severas que muchas víctimas ya no se atreven a denunciar por temor a mayores represalias. La abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina ha documentado cerca de 1.000 incidentes de persecución religiosa desde 2018.
Incluso en el exilio, el miedo persiste. Molina relató que, tras la muerte de su padre en Estados Unidos, no pudo encontrar ningún sacerdote en Nicaragua dispuesto a oficiar una misa en su honor por temor a las consecuencias.
El llamado del Papa y la fe en resistencia
El Vaticano ha mostrado preocupación. En diciembre, el papa Francisco envió una carta a los fieles nicaragüenses animándolos a no perder la esperanza ni la fe en la misericordia de Dios. Muchos continúan asistiendo a misa en secreto, incluso cuando presuntos espías del gobierno registran la asistencia en las bancas.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con alarma lo que podría convertirse en una de las persecuciones religiosas más graves del continente americano en el siglo XXI.