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Mientras Panamá enfrentaba pandemia, desempleo y una creciente deuda pública, una empresa mantuvo un flujo constante de contratos públicos: ININCO, S.A..
De acuerdo con registros de contratación estatal, la constructora vinculada a la familia González acumuló más de 250 millones de dólares en contratos y adendas durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, consolidándose como una de las compañías con mayor presencia en proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El peso de las adendas
Más allá de las adjudicaciones iniciales, lo que genera mayor debate es la recurrencia de adendas que incrementaron los montos originales de varios proyectos.
En términos prácticos, contratos que iniciaban con una cifra determinada terminaron representando un costo significativamente mayor para el Estado. Cada adenda implica recursos adicionales comprometidos, ampliaciones presupuestarias y, en muchos casos, extensiones en los plazos de ejecución.
La interrogante que surge es si todas esas modificaciones fueron técnica y financieramente justificadas, especialmente en un contexto donde las finanzas públicas estaban bajo presión.
Contexto de crisis
Durante los años más críticos de la pandemia, miles de panameños enfrentaron cierres de negocios y pérdida de empleos. Paralelamente, el Gobierno promovía la obra pública como motor de reactivación económica.
En ese escenario, la inversión en infraestructura fue defendida como herramienta para dinamizar la economía. Sin embargo, cuando una misma empresa concentra contratos por cientos de millones de dólares, el análisis deja de ser únicamente técnico y se traslada al terreno político y ciudadano.
Trayectoria de cuatro décadas
ININCO no es un actor reciente en el sector construcción. Con más de 40 años participando en proyectos estatales, la empresa ha mantenido actividad a lo largo de distintos gobiernos, adaptándose a cambios políticos y económicos.
No obstante, su presencia durante el quinquenio de Cortizo fue particularmente significativa en proyectos viales, rehabilitaciones y ampliaciones de infraestructura.
Nuevo foco de controversia: Río Caldera
Recientemente, la empresa volvió a estar en el centro del debate por su intención de utilizar materiales del Río Caldera, en la provincia de Chiriquí, para proyectos ya adjudicados.
El planteamiento busca, según sus argumentos, reducir costos mediante extracción local de materiales. Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos sobre el impacto ambiental y sobre posibles modificaciones en esquemas previamente establecidos en las licitaciones.
Surgen preguntas clave:
- ¿Se justifican estos cambios tras haberse adjudicado los contratos?
- ¿Cuál sería el impacto ambiental sobre el río?
- ¿Quién supervisa y fiscaliza cada ajuste contractual?
Transparencia y fiscalización
Más de 250 millones de dólares en contratos y adendas representan una cifra significativa en cualquier administración pública. Son recursos provenientes de los contribuyentes y, en muchos casos, respaldados por endeudamiento estatal.
El debate se centra ahora en la necesidad de mayor transparencia:
¿Cuántas adendas fueron aprobadas?
¿Cuánto aumentaron los costos finales?
¿Existió competencia efectiva en cada proceso de contratación?
En un país que busca fortalecer la confianza institucional, el escrutinio público sobre grandes contrataciones se vuelve inevitable.
El debate está abierto entre quienes consideran estas obras parte esencial de la reactivación económica y quienes cuestionan la concentración de contratos en determinados actores empresariales.
