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El conglomerado hongkonés CK Hutchison, uno de los mayores operadores portuarios del mundo, amplió su demanda de arbitraje internacional contra el Estado de Panamá, intensificando el conflicto legal por las concesiones de los puertos estratégicos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las riberas del Canal de Panamá.
La disputa surge luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la ley de 1997 y su prórroga de 2021, que otorgaban a la filial Panama Ports Company (PPC) la operación de estas terminales clave para el comercio marítimo global.
Tras el fallo judicial, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asumió el control físico de las instalaciones, lo que motivó que la empresa presentara una reclamación internacional que, según estimaciones, supera los 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios.
Acusaciones de confiscación
En un comunicado, CK Hutchison sostiene que las autoridades panameñas realizaron acciones que consideran una expropiación de facto de sus activos y una violación a tratados internacionales de protección de inversiones.
Entre las medidas denunciadas por la compañía se encuentran:
- Ocupación de instalaciones portuarias y oficinas administrativas.
- Confiscación de documentos y materiales protegidos por derechos de propiedad.
- Suspensión de los canales de comunicación con la empresa.
- Toma de control del personal operativo de la filial local.
El grupo argumenta que estas acciones comprometen la seguridad jurídica para la inversión extranjera en el país.
Impacto en la operación portuaria
Tras la salida de CK Hutchison, el Gobierno panameño implementó una operación transitoria para garantizar la continuidad logística en los puertos vinculados al Canal.
Actualmente, la gestión temporal de las terminales está en manos de filiales de dos de las mayores navieras del mundo: Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC).
Mientras tanto, las autoridades panameñas preparan nuevos procesos de licitación pública para seleccionar a futuros operadores portuarios.
El caso ha despertado interés en la industria marítima internacional debido a la importancia estratégica del Canal de Panamá para el comercio global, así como al contexto geopolítico en torno a la presencia de empresas vinculadas a China en infraestructuras críticas.
La resolución del arbitraje podría tener implicaciones significativas para la inversión extranjera y la gestión portuaria en el país, en un momento en que Panamá busca reforzar su papel como centro logístico mundial.
