viernes , junio 12 2026
Aldo López Tirone asegura que Mulino no viola ninguna Ley al designar al Licenciado Antonio Tercero y manda a los opinólogos a dejar de conspirar

Aldo López Tirone asegura que Mulino no viola ninguna Ley al designar al Licenciado Antonio Tercero y manda a los opinólogos a dejar de conspirar

«Todas las actividades del hombre son afines al derecho, porque toda acción dentro de la sociedad está regida por normas que garantizan el equilibrio, la justicia y la convivencia.»

En medio del debate público generado por la designación del licenciado Antonio Tercero González como director del IDAAN, considero importante aclarar lo que realmente establece la ley, ya que he visto muchas opiniones basadas en interpretaciones incompletas o erróneas.

Se ha dicho que el cargo “debe ser ocupado por un ingeniero”, sin embargo, eso no es lo que establece la normativa. La ley es clara al señalar que el puesto puede ser ocupado por profesionales con título universitario en áreas como ingeniería, administración de empresas, administración pública o carreras afines.

Y es precisamente en ese punto donde muchos omiten lo más importante: el concepto de carreras afines, que amplía el espectro de formación profesional permitido para ejercer el cargo.

Además, el artículo correspondiente establece que el director debe contar con experiencia administrativa no menor de cinco años, sin restringir la función a una única disciplina técnica.

En ese sentido, me parece evidente que el Derecho es una carrera afín a la administración pública. Los abogados están formados en normativa, gestión institucional, interpretación de leyes y procesos administrativos del Estado, lo que los hace plenamente competentes dentro del marco de la función pública.

Por eso considero que el licenciado Antonio Tercero González cumple con los requisitos establecidos en la ley, siempre que también reúna la experiencia administrativa requerida.

No veo una violación legal en esta designación. Lo que sí veo es una narrativa que intenta deslegitimar una decisión administrativa con argumentos que no se sostienen jurídicamente.

Por eso insisto: antes de opinar, hay que leer la ley completa. Porque muchas veces el problema no es la decisión, sino la desinformación con la que se analiza.

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Panamá está cansada. Cansada de ver cómo muchos extranjeros vienen a hacer dinero en esta tierra bendita, pero algunos creen que pueden humillar, explotar o agredir al trabajador panameño como si aquí no existieran leyes, dignidad ni soberanía.

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