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La Universidad Autónoma de Chiriquí atraviesa una de sus horas más críticas. Lo que antes podía interpretarse como inconformidad aislada, hoy se ha convertido en un grito colectivo que exige respuestas, transparencia y, sobre todo, responsabilidad política. La Asociación de Profesores de la Unachi ha vuelto a pedir la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, y esta vez el reclamo llega cargado de cifras, denuncias y una profunda sensación de agotamiento institucional.
Según lo expuesto por la Apunachi, la ausencia física de la rectora equivale a una “renuncia implícita” a su deber de dar la cara ante una gestión señalada por graves deficiencias. No se trata solo de presencia ceremonial. Se trata de liderazgo. De asumir responsabilidades. De explicar por qué una universidad con un presupuesto de apenas 72 millones de dólares registra un gasto ejecutado de 91 millones. Esa diferencia no puede despacharse como un simple tecnicismo financiero. En una institución pública, cada dólar debe tener rostro, destino y justificación.
A esto se suma una deuda con la Caja de Seguro Social que ascendería a 12 millones de dólares, mientras la comunidad universitaria enfrenta los efectos de la contención del gasto. La situación se vuelve todavía más indignante cuando esos recortes impactan áreas tan sensibles como la compra de insumos básicos para las cafeterías, afectando a unos 22 mil 500 estudiantes. En otras palabras: mientras las cifras administrativas se disparan, los estudiantes pagan las consecuencias en lo más elemental.
La frase de la Apunachi resume el hartazgo: resulta inaceptable que, mientras la comunidad universitaria sufre recortes, la administración permanezca bajo la sombra de clanes familiares. Es una acusación fuerte, sí, pero también es el reflejo de una percepción que lleva años creciendo alrededor de la Unachi: la idea de que la universidad ha sido convertida en un feudo, en una estructura cerrada, resistente a la rendición de cuentas y protegida por redes de poder.
La defensa de la rectora ha sido conocida: ha dicho que las críticas forman parte de “campañas mediáticas plagadas de malas intenciones” y de argumentos sin sustento jurídico. Pero una cosa es defenderse y otra muy distinta es ignorar el fondo del reclamo. Cuando profesores, estudiantes y sectores ciudadanos cuestionan de forma reiterada una gestión, la respuesta no puede limitarse a desacreditar a los críticos. Gobernar una universidad pública exige explicar, transparentar y corregir.
El debido proceso es indispensable, pero no puede convertirse en escudo para la impunidad. Esa advertencia de los docentes debe tomarse en serio. Panamá ha visto demasiadas veces cómo los formalismos terminan siendo refugio de quienes administran lo público sin rendir cuentas claras. La Unachi no puede ser otro monumento a la opacidad.
El caso de Etelvina Medianero de Bonagas también abre una discusión mayor: ¿hasta cuándo las instituciones públicas seguirán siendo moldeadas por leyes hechas a la medida del poder? Su tercer periodo como rectora, iniciado en 2023, fue posible luego de una ley aprobada por una Asamblea Nacional dominada en ese momento por el PRD y sancionada por el entonces presidente Laurentino Cortizo. Esa reforma permitió su reelección y profundizó la percepción de una administración enquistada.
Una rectora que gana más de 14 mil dólares mensuales tiene una obligación proporcional con el país: dar explicaciones claras, rendir cuentas y enfrentar los cuestionamientos sin esconderse detrás del cargo. El salario público no es un privilegio monárquico; es una responsabilidad frente a los ciudadanos.
La Unachi no pertenece a una persona, a una familia ni a un grupo político. Pertenece a sus estudiantes, a sus docentes, a sus trabajadores y al pueblo panameño que la sostiene con recursos públicos. Por eso, pedir la renuncia de Etelvina Bonagas no es solo una consigna: es una demanda de oxígeno institucional.
La universidad necesita cerrar el ciclo de la imposición, del silencio administrativo y del poder prolongado. Si las denuncias son falsas, que se demuestre con auditorías, documentos y transparencia total. Si son ciertas, que haya consecuencias. Lo que ya no puede permitirse es que la Unachi siga atrapada en una crisis donde los estudiantes pierden, los docentes denuncian y la administración se aferra.
El fin de una dictadura institucional empieza cuando la comunidad pierde el miedo y exige cuentas. Y en la Unachi, ese momento parece haber llegado.
