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Panamá necesitaba una señal clara. Y esa señal llegó desde la Contraloría General de la República, bajo la conducción de Anel Bolo Flores, quien ha decidido poner el dedo en una de las heridas más sensibles de la Universidad Autónoma de Chiriquí: el manejo de fondos descontados a trabajadores universitarios que, presuntamente, no habrían llegado oportunamente a las entidades correspondientes.
La decisión de iniciar una auditoría forense en la UNACHI no es un trámite más. Es un golpe sobre la mesa. Es el mensaje que muchos docentes, administrativos, estudiantes y ciudadanos esperaban desde hace tiempo: la autonomía universitaria no puede convertirse en una muralla para esconder dudas, papeles, cuentas pendientes o explicaciones que el país merece conocer.
Mientras en los pasillos universitarios crece la preocupación, la figura de Anel Bolo Flores aparece como el fiscalizador que llega a revisar lo que otros no quisieron, no pudieron o no se atrevieron a tocar. Porque cuando se habla de descuentos hechos al salario de trabajadores, ya no se trata solo de números en una hoja contable. Se trata del bolsillo de la gente. Se trata de seguridad social. Se trata de compromisos familiares. Se trata de dignidad.
La Contraloría ha advertido que esta situación podría estar afectando derechos fundamentales vinculados con la estabilidad financiera y la seguridad social de docentes y colaboradores administrativos. Y frente a ese escenario, el silencio ya no es opción. La revisión forense buscará verificar el destino de los dineros descontados, identificar posibles irregularidades y determinar las responsabilidades que correspondan, siempre dentro del marco constitucional y legal vigente.
Aquí no se está condenando a nadie antes de tiempo, pero tampoco se puede seguir mirando hacia otro lado. La auditoría deberá hablar con documentos, con cifras, con registros y con pruebas. Y si hubo desorden, negligencia, abuso o manejo irregular, el país espera que se señalen responsables con nombre, cargo y consecuencia.
Por años, distintos sectores han reclamado mayor transparencia en la UNACHI. Han pedido explicaciones. Han exigido rendición de cuentas. Pero muchas veces esas voces parecían perderse entre discursos institucionales, excusas administrativas y el viejo cuento de que la autonomía universitaria lo cubre todo. Hoy, con la entrada firme de la Contraloría, ese argumento parece haber llegado a su límite.
La autonomía universitaria es sagrada cuando defiende el pensamiento libre, la formación académica y la independencia educativa. Pero no puede ser utilizada como escudo para impedir la fiscalización de recursos públicos ni para dejar sin respuesta a trabajadores que merecen saber qué ocurrió con el dinero descontado de sus salarios.
En este capítulo, Anel Bolo Flores no aparece como un funcionario más. Aparece como el rostro de una fiscalización que el país estaba esperando. Su papel será clave para devolver confianza, poner orden y demostrar que las instituciones públicas no son feudos intocables, sino entidades obligadas a rendir cuentas ante la ciudadanía.
La UNACHI, una universidad que debería ser símbolo de conocimiento, formación y orgullo regional, hoy queda en medio de un escándalo que amenaza con manchar aún más su imagen. Pero esta auditoría también puede convertirse en una oportunidad histórica: limpiar la casa, abrir archivos, aclarar dudas y rescatar la dignidad de una institución que pertenece a los panameños.
Porque cuando se toca el dinero de los trabajadores, cuando se compromete la seguridad social y cuando la confianza pública está en juego, no basta con comunicados ni explicaciones a medias. Se necesitan auditorías, resultados y consecuencias.
Y esta vez, con Anel Bolo Flores al frente de la fiscalización, el mensaje parece claro: en la UNACHI se encendieron las luces, se abrieron los expedientes y se acabó el relajo.
El país entero está mirando.
