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Veintitrés personas fueron aprehendidas durante la Operación Credenciales 1.0, dirigida contra una presunta red dedicada a falsificar y comercializar diplomas para conseguir plazas docentes dentro del Ministerio de Educación (Meduca).
Los allanamientos se realizaron simultáneamente en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Panamá Oeste y Panamá.
Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.
Los primeros reportes comunicaron más de 15 aprehensiones. Posteriormente, el número fue actualizado a 23 personas capturadas.
Documentos habrían aumentado puntajes
La investigación comenzó después de que el Meduca detectara patrones irregulares en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARHE), utilizado para gestionar las postulaciones y concursos de nombramiento docente.
Según las pesquisas preliminares, la red confeccionaba y vendía títulos universitarios falsificados utilizando nombres y logotipos de instituciones educativas.
Estos documentos habrían sido ingresados al sistema para incrementar de manera fraudulenta los puntajes de determinados aspirantes y facilitar su acceso a plazas docentes.
La maniobra habría perjudicado a educadores que sí cumplían con los requisitos académicos y legales establecidos para participar en los concursos.
Decomisan diplomas y equipos
Durante los allanamientos fueron ubicados diplomas, créditos universitarios, certificados, facturas y equipos tecnológicos presuntamente relacionados con el esquema investigado.
El Meduca había presentado una denuncia formal en abril de 2026, luego de encontrar irregularidades en los registros correspondientes al concurso de nombramiento de maestros y profesores.
Las personas aprehendidas son investigadas por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, contra la fe pública y asociación ilícita.
Corresponderá al Ministerio Público presentar los indicios ante los jueces de garantías y establecer el posible nivel de participación de cada señalado. Todos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
