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El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ha revocado la sentencia condenatoria contra el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y el exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Juan Carlos Pino. Esta decisión marca un hito en uno de los casos de corrupción más sonados en Panamá en los últimos años.
De Condenados a Absueltos: Un Cambio Radical
De Lima y Pino, previamente condenados a 80 meses de prisión por peculado en relación con la concesión de los estacionamientos del aeropuerto, han sido declarados inocentes. El tribunal, compuesto por los magistrados José Hoo Justiniani, Manuel Mata Avendaño y Eyda Amarilis Juárez, fundamentó su decisión en irregularidades procesales durante la investigación.
«La fiscalía se excedió en el término de investigación», señala el fallo, destacando que el Ministerio Público debió haber solicitado una prórroga para concluir su indagación. Esta omisión, según el tribunal, «produjo una violación al debido proceso».
Un Caso Complejo con Múltiples Aristas
El caso, que se originó a partir de una denuncia anónima en 2014, involucraba presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 20 años para la administración de los estacionamientos del aeropuerto a la empresa Sky Parking, S.A.
La Fiscalía Anticorrupción, en su investigación, alegó haber encontrado evidencias de irregularidades, respaldadas por un informe de la Contraloría General que señalaba una posible lesión patrimonial al Estado por $1.9 millones.
Sin embargo, el abogado defensor de De Lima, cuyo nombre no se menciona en el reporte, argumentó: «Siempre mantuvimos que no hubo delito alguno. Esta decisión confirma la inocencia de nuestros clientes y pone en evidencia las fallas en el proceso investigativo».
Implicaciones y Reflexiones
Esta absolución plantea interrogantes sobre la efectividad de los procesos anticorrupción en Panamá. Por un lado, subraya la importancia del debido proceso en casos de alto perfil. Por otro, deja abierta la pregunta sobre cómo manejar casos complejos de presunta corrupción dentro de los límites legales establecidos.
¿Representa este caso un triunfo de la justicia o un revés en la lucha contra la corrupción? La respuesta dependerá de la perspectiva de cada ciudadano. Lo que es innegable es la necesidad de fortalecer los procesos investigativos y judiciales para garantizar tanto la justicia como la eficacia en la lucha contra la corrupción.
Mientras Panamá continúa enfrentando desafíos en materia de transparencia y gobernanza, casos como este nos invitan a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la presunción de inocencia, el debido proceso y la necesidad de combatir eficazmente la corrupción. El debate está abierto, y la sociedad panameña tiene la palabra.
