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El crimen violento ha llegado a niveles intolerables en Panamá. Cada día, los titulares se llenan de noticias de asesinatos y asaltos brutales que nos dejan con una sensación de inseguridad y desesperanza. Ante esta realidad, es urgente implementar una política de mano dura contra los responsables de estos actos atroces. Panamá no puede seguir siendo rehén de los criminales; es hora de actuar con firmeza, y para ello debemos mirar ejemplos exitosos y aprender de ellos.
Un caso emblemático en la región es el de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien ha transformado uno de los países más peligrosos del mundo en un ejemplo de lucha efectiva contra el crimen organizado. Sus políticas contundentes, que incluyen la construcción de una megacárcel, el uso estratégico de la fuerza policial y la militarización temporal de ciertas zonas, han resultado en una drástica disminución de homicidios y delitos graves. Aunque sus métodos han sido criticados por algunos sectores, los resultados hablan por sí mismos: la ciudadanía salvadoreña se siente más segura y respalda abrumadoramente estas medidas.
Panamá necesita adoptar una estrategia similar. No podemos seguir tolerando que asesinos y delincuentes anden libres o reciban condenas irrisorias. Es imperativo dotar a nuestra Policía Nacional de las herramientas legales y logísticas necesarias para combatir este flagelo. En este sentido, recordemos la histórica orden de “tirar a matar” del expresidente Marcos Robles, conocido como Marcos Rifle. Durante su mandato, Robles dejó claro que la vida de los inocentes valía más que la de los criminales que atentaban contra ellos. Si bien esta política generó controversia en su momento, también envió un mensaje claro de que el Estado no toleraría el desorden ni la violencia indiscriminada.
Hoy, necesitamos esa misma determinación. Proponemos la creación de leyes que permitan medidas más severas contra los criminales violentos, incluyendo penas más largas para quienes asesinen durante un asalto y la implementación de operativos tácticos con respaldo pleno del Estado. Además, el sistema judicial debe dejar de ser un cuello de botella. Las decisiones judiciales deben ser rápidas y enérgicas, sin permitir dilaciones que favorezcan a los delincuentes.
Por supuesto, la mano dura no debe ser excusa para el abuso. Debemos equilibrar la justicia con el respeto a los derechos humanos, garantizando que las acciones del Estado estén enfocadas en proteger a los ciudadanos de bien y no en reprimir sin sentido. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de la permisividad disfrazada de sensibilidad. La seguridad pública debe ser prioritaria.
En Panamá, ya es hora de que quienes destruyen vidas y familias con su violencia enfrenten las consecuencias de sus actos. Así como Nayib Bukele marcó un antes y un después en El Salvador, Panamá también puede liderar un cambio radical. Con determinación, leyes firmes y el respaldo de una ciudadanía que anhela paz, podremos devolverle la tranquilidad a nuestro país. Que esta sea una nueva era de justicia y seguridad para todos.
Por Francisco J. Zappi
