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La administración de los bienes públicos en Panamá ha sido cuestionada en múltiples ocasiones, pero pocos casos ilustran mejor la problemática que el de Plaza Edison, un complejo de oficinas donde el Estado panameño pasó de ser propietario a inquilino, pagando millonarios alquileres a particulares por espacios que alguna vez le pertenecieron.
De hospital materno-infantil a negocio inmobiliario
Hace más de 30 años, los terrenos de Loma La Pava estaban destinados a la construcción de un hospital materno-infantil por parte de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, estos fueron vendidos a bajo costo al empresario Edmundo Esses, quien en lugar de respetar el uso original, desarrolló Plaza Edison, un complejo comercial y de oficinas que desde su inauguración en el año 2000 ha servido como sede para múltiples entidades gubernamentales.
Hoy, más de 100 mil metros cuadrados del complejo están ocupados por cuatro ministerios, una docena de direcciones gubernamentales, una sucursal bancaria estatal, oficinas del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
Alquileres millonarios a costa del erario público
El negocio inmobiliario de la familia Esses ha resultado ser sumamente rentable. Se estima que, en más de dos décadas, el Estado panameño ha pagado más de 500 millones de dólares en alquileres por estos espacios.
Uno de los casos más representativos es el del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que desde 2001 ha desembolsado aproximadamente 24 millones de dólares en alquileres. Tan solo en octubre de 2024, el MICI aprobó un traslado de partida por 1.1 millones de dólares para cubrir los costos de arrendamiento con Edison Plaza S.A. y Subic Investment Corp.
Otro caso similar ocurrió en 2019, cuando el Órgano Judicial adjudicó por contratación directa el alquiler de 12 locales en Plaza Edison por tres años, a un costo de 2.09 millones de dólares.
¿Por qué el Estado sigue alquilando en Plaza Edison?
Lo más polémico es que, a pesar de ser el principal inquilino, el Estado no solo paga alquileres desmesurados, sino que también permite que se cobre estacionamiento a los ciudadanos que acuden a estas oficinas públicas.
Esta situación plantea una pregunta clave: ¿por qué no se ha optado por construir o adquirir edificios propios en lugar de seguir arrendando? La falta de planificación y visión a largo plazo ha llevado al país a un modelo ineficiente, donde los recursos del Estado terminan beneficiando a empresarios privados en lugar de generar patrimonio propio.
¿Es viable una Ciudad Gubernamental propia?
Diversos sectores han planteado la necesidad de desarrollar una Ciudad Gubernamental que centralice las operaciones estatales, reduzca costos en alquileres y evite seguir enriqueciendo a particulares con dinero público.
Este modelo ya ha sido implementado con éxito en otros países, permitiendo una mejor organización de las entidades gubernamentales y una mayor eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía.
Es crucial que las autoridades revisen y auditen los contratos de arrendamiento vigentes, exploren alternativas más económicas y sostenibles, y prioricen el interés público sobre los beneficios privados.
La ciudadanía merece transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos estatales, y es responsabilidad de los gobernantes garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro.
