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El magistrado Anel Jesús Miranda, del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, se encuentra en el centro de una controversia tras la difusión de una fotografía que lo relaciona con un Maserati valorado en $175,056 dólares, levantando serias dudas sobre el uso adecuado de privilegios fiscales otorgados a altos funcionarios judiciales.
Investigación revela detalles preocupantes
Según reportes de Panamá Noticias Network, el vehículo de matrícula EM1205 está en fideicomiso con Global Bank, confirmando que fue adquirido mediante financiamiento. Sin embargo, lo que ha despertado alarmas es la posibilidad de que se haya comprado aprovechando las exoneraciones fiscales reservadas para magistrados y fiscales especiales.
Fuentes cercanas al caso indican que el verdadero usuario del vehículo no sería el magistrado, sino un médico ginecólogo identificado como George, quien ha sido visto conduciendo el lujoso automóvil en el Hipódromo Presidente Remón.
Incompatibilidad salarial
Con un salario mensual aproximado de $5,400 dólares, la capacidad económica del magistrado Miranda para adquirir un vehículo de casi $180,000 dólares sin levantar sospechas resulta cuestionable para muchos analistas.
«Los beneficios de exoneración están pensados para bienes de primera necesidad, no para la adquisición de artículos de lujo», señaló una fuente del sistema judicial que prefirió mantener el anonimato.
¿Un sistema corrupto de privilegios?
El caso podría representar apenas un ejemplo visible de un esquema más amplio de reventa de exoneraciones, donde funcionarios con privilegios fiscales adquieren bienes para luego transferirlos a terceros, evadiendo así los impuestos correspondientes.
Este incidente genera interrogantes sobre la extensión de estas prácticas y el posible tráfico de influencias en la administración pública panameña, especialmente en un país donde la transparencia institucional ha sido un tema recurrente de debate.
Llamados a una investigación formal
Organizaciones civiles y ciudadanos han comenzado a exigir una investigación exhaustiva sobre este caso y una revisión completa del sistema de exoneraciones para funcionarios públicos.
Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el asunto, mientras crece la presión para que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas correctivas que aseguren la integridad del sistema judicial panameño.
El caso del «Magistrado del Maserati» podría convertirse en un punto de inflexión para la revisión de privilegios fiscales que, según críticos, perpetúan desigualdades en el sistema tributario nacional.
