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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha sancionado oficialmente la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, que introduce importantes modificaciones al sistema de Seguridad Social del paÃs. Esta legislación, que contiene más de 200 artÃculos, representa una significativa restructuración de la Caja de Seguro Social (CSS).
Un largo proceso legislativo
La aprobación llega después de un extenso proceso que comenzó el 6 de noviembre de 2024, cuando el proyecto fue presentado ante la Asamblea Nacional. Durante el debate parlamentario, 81 artÃculos fueron modificados respecto a la propuesta original del Ejecutivo.
Principales cambios y consensos
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma era el posible aumento en la edad de jubilación. Sin embargo, la versión final de la ley mantiene las edades actuales: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. No obstante, la legislación establece que en seis años se realizará un análisis para determinar si se debe modificar este aspecto.
La ley introduce cambios significativos en el sistema de pensiones:
- Crea un Sistema Único de Capitalización Solidaria, sostenido por un Fondo Único Solidario.
- Establece una pensión de beneficio mÃnimo de $144.00.
- Introduce una tasa de reemplazo mÃnima del 60% sobre el salario promedio base de la pensión por vejez.
Proceso legislativo y reacciones
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto en tercer debate el 13 de marzo con 48 votos a favor, 28 en contra y ninguna abstención. El presidente Mulino ha expresado su satisfacción con los consensos alcanzados, a pesar de las modificaciones realizadas a la propuesta original del Ejecutivo.
«Cumplà con presentar un proyecto coherente y logramos, luego de muchos meses de real consulta y sin madrugonazos, aprobar una buena ley que le traerá estabilidad a tan vital institución», señaló Mulino.
Sin embargo, la reforma ha generado protestas y manifestaciones en distintos puntos del paÃs por parte de organizaciones sindicales, docentes y médicas, quienes argumentan que la ley «abre las puertas a la privatización» de la CSS y establece un modelo que brinda «pensiones de hambre».
La sanción de esta ley marca un hito importante en la administración de Mulino y en la evolución del sistema de seguridad social panameño, aunque su implementación y efectos a largo plazo seguirán siendo objeto de debate en la sociedad panameña.
