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Diversas manifestaciones se registraron este viernes 21 de marzo en la capital e interior de Panamá en rechazo a la recién sancionada Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
Docentes, trabajadores y sindicatos de la construcción marcharon desde la iglesia del Carmen hacia la Asamblea Nacional en la ciudad de Panamá. Los manifestantes corearon consignas y canciones al ritmo de tamborito contra la ley, haciendo alusión al gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien sancionó la normativa el pasado 18 de marzo.
Manifestaciones en el interior del país
Las protestas se replicaron en varias provincias:
- En La Chorrera (Panamá Oeste), cuatro organizaciones de docentes marcharon desde el parque Libertador hasta el parque Feuillet, con apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
- En Santiago, los educadores de la Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE) protestaron frente al Ministerio de Educación y la Contraloría General, para luego marchar por las principales avenidas de la capital de Veraguas.
- En Colón, docentes que se congregaron en los 4 Altos marcharon y cerraron la vía, siendo dispersados por agentes de control de multitudes. Se reportaron tres personas detenidas.
- En Bocas del Toro, gremios docentes protestaron por la avenida 17 de abril en Changuinola.
Tensión en la Universidad de Panamá
La situación escaló en la Universidad de Panamá (UP), donde estudiantes se enfrentaron con agentes de control de multitudes de la Policía Nacional. Los manifestantes lanzaron palos y piedras mientras cerraban la vía, provocando que la policía respondiera con gas lacrimógeno para reabrir el paso.
Ante estos hechos, el rector Eduardo Flores Castro anunció la suspensión de «labores académicas y administrativas» en el Campus Octavio Méndez Pereira, las Facultades de Administración de Empresas, Educación y Administración Pública, y el Campus Harmodio Arias Madrid.
Policía solicita control de acceso a la universidad
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, envió una comunicación al rector Flores expresando preocupación por «acciones hostiles» en los predios universitarios que han afectado a unidades policiales y la movilidad ciudadana.
Fernández solicitó el apoyo de la UP para implementar controles de acceso de estudiantes y docentes, recomendando establecer un único punto de entrada por la vía Transístmica y una salida exclusiva para vehículos.
En respuesta, el rector Flores rechazó cualquier acto de violencia pero expresó su desacuerdo con restricciones que pudieran comprometer la autonomía universitaria, calificando la solicitud como «una indebida injerencia en la autonomía universitaria».
El gobierno ha reiterado que, si bien la protesta es un derecho, no se permitirán cierres de calles. Las manifestaciones continúan en el contexto del rechazo a las reformas al sistema de seguridad social.
