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Panamá asegura su soberanía portuaria y el motor logístico del país
En una decisión sin precedentes y de ejecución inmediata, el Consejo de Gabinete de la República de Panamá ha dado un paso firme para proteger el activo más valioso de su plataforma logística. Tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997 , el Estado ha tomado el control y ha designado nuevos operadores para los puertos de Balboa y Cristóbal mediante las Resoluciones de Gabinete N° 4 y N° 5 de 23 de febrero de 2026.
Los nuevos protagonistas de la transición
Para evitar un colapso en el comercio marítimo y garantizar que las grúas no dejen de moverse, el Gobierno ha recurrido a operadores de clase mundial:
- Puerto Balboa (Pacífico): Será gestionado por APMT PANAMÁ S.A. (subsidiaria de APM Terminals BV, del grupo A.P. Moller-Maersk). El contrato tiene una duración de hasta 18 meses. La empresa pagará al Estado una contraprestación de 26.1 millones de dólares.
- Puerto Cristóbal (Atlántico): Quedará bajo la administración de TIL PANAMÁ, S.A. (subsidiaria de Terminal Investment Limited), uno de los operadores más grandes del planeta. Esta concesión transitoria también es por 18 meses. El monto acordado es de 15.8 millones de dólares.
Un rescate de «interés social urgente»
La movida no es solo administrativa; es una operación de rescate económico. El Gobierno subrayó que cualquier interrupción generaría pérdidas millonarias y una crisis de confianza internacional. Por ello, mediante el Decreto Ejecutivo N° 23 de 2026, se ordenó la ocupación temporal de todos los bienes muebles necesarios para que los puertos sigan operando de forma segura y eficiente.
«Es deber del Estado garantizar la continuidad operativa, ininterrumpida y segura de los puertos», dictan las resoluciones que marcan este nuevo capítulo en la historia marítima panameña.
¿Qué sigue para Panamá?
Estos contratos de hasta 18 meses son el puente hacia una solución definitiva. Durante este periodo, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) realizará las gestiones necesarias para licitar concesiones a largo plazo que aseguren la expansión y modernización de ambos puertos.
Con esta estrategia, Panamá no solo cumple con el mandato judicial de la Corte Suprema , sino que refuerza su posición como el «Hub» logístico indiscutible de la región, operado ahora por manos expertas y bajo un esquema que prioriza el beneficio nacional.
