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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen, defendió el papel constitucional del máximo tribunal tras los cuestionamientos realizados por el observador permanente de China ante la Organización de los Estados Americanos, Xie Feng, sobre el fallo relacionado con la operación de dos puertos en Panamá.
Chen señaló que no puede reaccionar directamente a declaraciones emitidas por representantes de otros países, pero dejó claro que la Corte Suprema actúa conforme a la Constitución y al marco jurídico nacional.
“La Corte es guardiana de la Constitución”, manifestó la magistrada al referirse al rol que desempeña el máximo tribunal de justicia del país.
La declaración se produce luego de que el representante chino ante la OEA cuestionara la decisión judicial que declaró inconstitucional el contrato para la operación de dos puertos en Panamá.
El fallo ha tenido repercusiones nacionales e internacionales, debido al peso estratégico del sistema portuario panameño y a su vínculo con la operación logística en ambos extremos del Canal de Panamá.
Chen sostuvo que las decisiones judiciales deben ser producto de un análisis jurídico, no de presiones externas, intereses políticos ni opiniones públicas.
La presidenta de la Corte explicó que en todo fallo siempre existirán sectores que estén a favor y otros que estén en desacuerdo.
Sin embargo, afirmó que la principal garantía para los ciudadanos es que los magistrados fallen de acuerdo con la ley.
“Siempre va a haber alguien que le guste el fallo y va a haber gente que no le gusta el fallo, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por las opiniones que tiene la gente, sino que falle correctamente”, expresó.
La magistrada reiteró que el papel de la Corte Suprema consiste en interpretar y aplicar la Constitución, preservando la independencia del Órgano Judicial.
El pronunciamiento cobra relevancia en medio del debate generado por el fallo sobre los puertos, un tema que ha colocado nuevamente en el centro de la discusión la soberanía jurídica de Panamá, la seguridad de sus infraestructuras estratégicas y la relación con actores internacionales.
Con su respuesta, Chen envió un mensaje claro: las decisiones del máximo tribunal panameño deben ser evaluadas desde el derecho constitucional y no desde presiones diplomáticas o intereses externos.
La presidenta de la Corte insistió en que la independencia judicial es una garantía esencial para el país y para todos los ciudadanos.
