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El vicealcalde Roberto Ruiz Díaz cuestionó públicamente la contratación y advirtió sobre un posible conflicto de intereses. La consultoría fue otorgada mediante procedimiento excepcional por $44,405 y está vinculada al diseño de un proyecto cuyo costo futuro se estima en $15 millones.
La contratación de una consultoría para diseñar el nuevo parque de Las Garzas abrió un nuevo frente de cuestionamientos dentro de la propia Alcaldía de Panamá.
La administración del alcalde Mayer Mizrachi Matalón contrató mediante procedimiento excepcional a Grupo Suma, S.A. por $44,405, para desarrollar la propuesta conceptual y urbano-paisajística del denominado Parque Recreativo, Deportivo y Cultural de Las Garzas.
Sin embargo, la controversia tomó otra dimensión después de que el propio vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, compañero de fórmula con el que Mizrachi llegó al Municipio de Panamá, cuestionara públicamente la relación entre contrataciones municipales y personas o empresas que realizaron aportes electorales.
Ruiz Díaz escribió en sus redes sociales:
“El tema es que no quieren salir del círculo vicioso de contratar a empresas o personas que donan a las campañas. Hay un claro conflicto de intereses”.
La publicación fue acompañada de información correspondiente a las donaciones electorales de la candidatura de Mayer Mizrachi Matalón a alcalde, donde se muestra un aporte por B/.500 fechado el 7 de febrero de 2024, según las capturas divulgadas.
La acusación política resulta especialmente relevante porque no proviene de un dirigente de oposición, sino del propio vicealcalde de Panamá.
UNA CONTRATACIÓN DIRECTA
De acuerdo con la información publicada, Grupo Suma fue escogida mediante “procedimiento excepcional”, una modalidad que permite contratar sin desarrollar una licitación pública ordinaria.
La Alcaldía justificó la decisión argumentando que no existiría más de un oferente idóneo que reuniera integralmente las características técnicas requeridas para desarrollar la consultoría.
Aunque inicialmente están en juego $44,405, el proyecto que esta consultoría ayudará a conceptualizar tiene una dimensión económica mucho mayor.
El Municipio calcula que el llamado “mega parque” de Las Garzas podría representar una inversión aproximada de $15 millones, financiada con recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Y allí aparece la pregunta que inevitablemente tendrá que responder la administración Mizrachi:
¿Por qué entregar directamente la consultoría a una empresa vinculada por el propio vicealcalde con aportes a la campaña, en lugar de realizar un concurso abierto entre varias firmas?
Realizar una donación política no convierte por sí mismo a una empresa o persona en impedida para contratar con el Estado. Tampoco una contratación excepcional constituye automáticamente una irregularidad. El cuestionamiento está en la transparencia del proceso y en la apariencia de un eventual conflicto de intereses, particularmente cuando existe una relación previa entre aportantes electorales y quienes posteriormente toman decisiones sobre recursos públicos.
El parque puede ser una excelente obra para Las Garzas.
Pero una buena obra también debe comenzar con un proceso que despeje cualquier duda sobre quién fue escogido, por qué fue escogido y qué relación tuvo con quienes hoy administran los fondos municipales.
Y esta vez la voz que encendió la alarma vino desde adentro de la propia Alcaldía.
Del vicealcalde Roberto Ruiz Diaz
