En Colón parece que la agenda política está cada vez más marcada por los conflictos que por los acuerdos.
El alcalde Diógenes Galván y el gobernador Julio Hernández mantienen diferencias que, lejos de disiparse, han quedado nuevamente expuestas ante la opinión pública.
Decoraciones navideñas, permisos para las comparsas del Carnaval, la administración de las juntas comunales y, más recientemente, el conflicto por impuestos municipales relacionados con la empresa Transeq, son algunos de los episodios que han profundizado las diferencias entre ambas autoridades.
El alcalde ha cuestionado una supuesta interferencia de la Gobernación en asuntos municipales y ha expresado preocupación por el respaldo que, según su posición, podrían encontrar algunas empresas en medio de estas controversias.
Por su parte, el gobernador Julio Hernández sostiene que su función es mediar ante los diferentes escenarios de la provincia y recuerda que tiene responsabilidades sobre las seis alcaldías de Colón.
Pero aquí la pregunta ya no debería ser quién tiene más autoridad, quién tiene más competencias o quién tiene la última palabra.
La verdadera pregunta es: ¿quién está ganando con este conflicto?
Porque mientras las autoridades intercambian posiciones y defienden sus respectivos espacios de poder, Colón sigue teniendo necesidades urgentes: empleo, inversión, desarrollo, infraestructura y soluciones para su población.
El sector empresarial ya lanzó un mensaje claro: las autoridades deben concentrarse en lo que realmente necesita la provincia y dejar las diferencias a un lado.
La política puede tener diferencias. Eso es normal.
Lo que no debería ser normal es que el conflicto se convierta en la principal noticia.
Colón necesita autoridades capaces de coordinar, dialogar y resolver.
Porque cuando el enfrentamiento entre quienes gobiernan ocupa más espacio que las soluciones, los que terminan perdiendo no son los políticos.
Los que terminan perdiendo son los colonenses.
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