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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá ha dado un paso significativo hacia la modernización de las fuerzas de seguridad del país. El Anteproyecto de Ley 101, impulsado por el diputado José Pérez Barboni, ha sido prohijado, marcando el inicio de un proceso que podría revolucionar la manera en que se supervisa y registra la actividad policial en Panamá.
Este anteproyecto busca establecer un marco regulatorio integral para el uso de cámaras corporales por parte de las unidades de la Policía Nacional. La propuesta no solo aborda el uso de estos dispositivos, sino que también establece procedimientos claros para el almacenamiento y divulgación de los videos capturados.
El objetivo principal de esta iniciativa es doble: fortalecer la transparencia en las actuaciones policiales y garantizar la validez jurídica de las grabaciones. Esto representa un avance significativo en la búsqueda de mayor confianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.
Como parte de la implementación, se propone un programa piloto que equiparía a 100 unidades de la Policía Nacional en cada provincia con cámaras corporales. Esta medida busca extender la cobertura de la tecnología a todo el territorio nacional.
La propuesta del diputado Barboni responde a una creciente demanda de mayor supervisión en las labores policiales y un esfuerzo por promover la rendición de cuentas. Según lo planteado, las grabaciones serían monitoreadas en tiempo real y la información capturada sería enviada al Centro de Operaciones Nacionales en Ancón.
Es importante destacar que esta iniciativa no parte de cero. En 2020, el Ministerio de Seguridad ya había dado un primer paso al entregar 100 cámaras corporales a unidades especiales de la Policía Nacional en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. El nuevo anteproyecto busca ampliar este esfuerzo inicial y proporcionar un marco legal bien definido para su uso.
La implementación de cámaras corporales en las fuerzas de seguridad es una tendencia global que ha mostrado resultados positivos en otros países. Se ha observado una reducción en los incidentes de violencia y una mayor protección tanto para los ciudadanos como para los agentes policiales.
Mientras el debate sobre este proyecto de ley continúa, su prohijamiento ya representa un paso significativo hacia la modernización de las políticas de seguridad pública en Panamá. La iniciativa promete no solo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, sino también fortalecer la confianza entre la policía y la comunidad a la que sirve.
