El Contralor General de la República de Panamá, Anel Bolo Flores, ha anunciado la suspensión del pago de salarios a miles de docentes que se encuentran en huelga. Esta medida, según Flores, responde a la ausencia de los educadores en las aulas y el impacto negativo que esto tiene en la educación de los estudiantes panameños. La controversia ha generado un debate nacional sobre los derechos laborales y la responsabilidad de los educadores.
Según declaraciones del Contralor Flores, en las últimas quincenas se ha estado implementando la suspensión de salarios para los docentes que participan en el paro. Advirtió que para la próxima quincena, el número de educadores afectados podría superar los 15 mil. «Malamente le puedo pagar a alguien que no ha trabajado», enfatizó el contralor, instando a los docentes a regresar a las aulas para restablecer la normalidad en el sistema educativo. Esta postura ha sido recibida con críticas y defensas por igual, polarizando aún más la situación.
Además de la suspensión de salarios, el Contralor Flores denunció que existen al menos 82 dirigentes gremiales que, a pesar de liderar el paro, continúan recibiendo sus salarios a través de prácticas irregulares, como el uso de terceros para registrar su asistencia. «Ellos están cobrando, porque en la triquiñuela que han hecho, sí están cobrando, mandando a que les marquen. Ellos están mandando a los docentes a no dar clases, pero ellos sí están cobrando», declaró Flores, generando indignación y exigiendo una investigación exhaustiva.
Ante estas denuncias, la Contraloría General ha iniciado una auditoría nacional en el Ministerio de Educación (Meduca) con el objetivo de identificar a más docentes que podrían estar firmando asistencia sin cumplir con sus responsabilidades laborales. Esta auditoría busca esclarecer la situación y tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la educación.
El dirigente Diógenes Sánchez ha presentado un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia en relación con la suspensión de su salario. El Contralor Flores señaló que el proceso está ahora en manos del máximo tribunal, lo que añade un nuevo capítulo a esta compleja situación. La decisión de la Corte Suprema podría sentar un precedente importante para futuros casos similares.
La suspensión de salarios a docentes en huelga ha generado una ola de reacciones en la sociedad panameña. Mientras algunos apoyan la medida como una forma de responsabilizar a los educadores por su ausencia en las aulas, otros la critican como una violación de los derechos laborales y una forma de presión para que los docentes abandonen la huelga. El debate continúa abierto y la solución a este conflicto parece aún lejana. Las autoridades educativas y los representantes de los docentes deberán encontrar un terreno común para resolver sus diferencias y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes panameños.