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EDITORIAL
La polémica licitación del Ministerio de Salud para contratar durante cinco años los servicios de aseo, limpieza y desinfección de nueve hospitales, con un precio estimado superior a B/.80 millones, merece algo más que corregir artículos, publicar nuevas adendas y mover fechas. Merece una revisión integral de su estructura. El proceso ya ha sido objeto de acciones de reclamo por requisitos considerados restrictivos y la Dirección General de Contrataciones Públicas ha llegado a ordenar su suspensión mientras analiza cuestionamientos.
Desde este medio consideramos que MINSA no debería apresurarse a reactivar una contratación de semejante magnitud sin evaluar primero si el modelo escogido realmente garantiza la mayor competencia posible.
El problema no está en exigir experiencia, capacidad financiera, personal preparado ni altos estándares sanitarios. Hablamos de hospitales y, por tanto, las exigencias deben ser rigurosas. El debate aparece cuando esas condiciones, vistas en conjunto, pueden terminar cerrando innecesariamente el círculo de competidores.
Entre los aspectos cuestionados figura la exigencia de acreditar una estructura laboral de aproximadamente 350 trabajadores, incluyendo documentación relacionada con planillas de la Caja de Seguro Social. La pregunta resulta válida: ¿necesita una empresa tener cientos de trabajadores contratados antes incluso de saber si ganará el contrato?
Una alternativa razonable sería exigir al participante capacidad económica y técnica demostrable, experiencia, garantías suficientes y un programa obligatorio de contratación y movilización del personal que deberá estar completo antes de iniciar operaciones.
Pero existe una discusión todavía más importante.
¿Por qué un solo contrato para todo?
MINSA debería estudiar seriamente la posibilidad de abandonar el concepto de una adjudicación global y dividir la contratación en zonas o regiones hospitalarias.
No sería una idea extraña a la propia administración. En una consulta oficial realizada anteriormente por el MINSA, la institución explicó a la DGCP que había agrupado hospitales por proximidad geográfica en tres contrataciones diferentes, incluyendo un grupo Panamá–Panamá Oeste, otro para Azuero y otro para Veraguas–Coclé.
Si pudo estudiarse y aplicarse una organización territorial para garantizar el servicio anteriormente, ¿por qué no evaluar ese mismo principio para una licitación de aproximadamente B/.80 millones?
Dividir el pliego por zonas podría permitir que más empresas panameñas compitan, que pequeñas y medianas compañías con suficiente experiencia puedan asociarse o crecer, y que la derrama económica de una contratación pública multimillonaria no termine concentrándose alrededor de un solo gran operador.
Además, produciría competencia dentro del propio sistema.
Podría existir un proveedor para Panamá y Panamá Oeste, otro para el área central y otro para Azuero, por ejemplo, siempre que los estudios técnicos determinen que esa división resulta eficiente. Incluso podrían establecerse límites sobre el número de zonas adjudicables a una misma empresa, si jurídicamente y técnicamente resulta procedente.
El Estado tendría entonces algo extremadamente valioso: comparación de desempeño entre operadores.
¿Cuál limpia mejor? ¿Cuál cumple con mayor puntualidad? ¿Cuál mantiene mejor a sus trabajadores? ¿Cuál responde más rápidamente ante una emergencia? ¿Cuál logra mejores indicadores sanitarios?
Cuando existe un solo proveedor universal, el Estado concentra buena parte del riesgo operativo. Cuando existen varios operadores debidamente supervisados, existe también capacidad de comparación y competencia.
La contratación pública también distribuye oportunidades
Los aproximadamente B/.80 millones involucrados no representan solamente limpieza de hospitales. Representan salarios, uniformes, transporte, insumos, proveedores, alimentación, logística, administración y cientos de empleos durante varios años.
Una contratación pública también genera economía.
Por eso creemos que cuando técnicamente sea posible dividir un gran contrato sin sacrificar eficiencia, calidad ni economías de escala, el Estado debe preguntarse si resulta preferible permitir que la riqueza producida por el gasto público alcance a más empresas y más familias.
No se trata de bajar los requisitos.
Se trata precisamente de lo contrario: mantener estándares altos, pero permitir que más participantes capaces tengan posibilidades reales de competir.
Y también deben revisarse las condiciones establecidas para los consorcios. La naturaleza de una asociación empresarial es precisamente permitir que capacidades diferentes se complementen: experiencia técnica, estructura operativa, respaldo financiero y logística.
Si las reglas terminan obligando a concentrar prácticamente todas esas capacidades previamente en uno solo de los integrantes, el consorcio pierde buena parte de su razón de existir y nuevamente disminuye la participación.
Suspender para corregir, no simplemente para cambiar fechas
El procedimiento está actualmente suspendido por una acción de reclamo, pero esa suspensión debe aprovecharse.
No debería convertirse simplemente en una pausa administrativa antes de continuar exactamente por el mismo camino.
MINSA tiene frente a sí la oportunidad de reconstruir la confianza alrededor de esta contratación.
Que explique públicamente cuántas empresas pueden cumplir el pliego actual.
Que publique el estudio de mercado que sustenta sus requisitos.
Que justifique técnicamente la necesidad de una adjudicación global.
Y, especialmente, que evalúe cuánto aumentaría la participación si los hospitales fueran agrupados por zonas geográficas.
La libre competencia no significa entregar contratos a empresas sin capacidad. Significa establecer requisitos suficientemente rigurosos para proteger al Estado y a los pacientes, pero suficientemente razonables para que exista verdadera competencia.
Por eso nuestra posición es clara: antes de reactivar esta licitación, el MINSA debería revisar integralmente el pliego y estudiar seriamente su división por zonas.
Más competencia puede significar mejores precios.
Más operadores pueden significar menor concentración de riesgos.
Más empresas participando pueden significar más empleos y una mayor derrama económica.
En una contratación pública cercana a B/.80 millones, garantizar hospitales limpios es indispensable.
Pero garantizar competencia, transparencia y oportunidades para más empresas panameñas también debe ser parte de la limpieza que necesita el sistema.
