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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá ha iniciado el proceso de elaboración del presupuesto general del Estado para 2026, siendo este el primer presupuesto que el ministro Felipe Chapman formula completamente bajo su propia metodología y liderazgo. Este presupuesto genera altas expectativas debido a varios factores clave.
En primer lugar, el presupuesto de 2026 busca consolidar una estrategia fiscal coherente y sostenible, evitando los retrasos y presiones sociales que afectaron la aprobación del presupuesto de 2025, que superó los 30,000 millones de dólares debido a exigencias como destinar el 7% del PIB a educación. Esta obligación de asignar el 7% del PIB al sector educativo sigue vigente y representa una carga significativa para las finanzas públicas.
El MEF ha anunciado una contención de gasto de 1,900 millones de dólares en la ejecución del presupuesto actual y se espera que revise a fondo los presupuestos institucionales para identificar posibles recortes, aunque despidos masivos son poco probables debido a leyes que dificultan la desvinculación de funcionarios y garantizan aumentos salariales automáticos. Entre 2020 y 2024, el gasto público en salarios aumentó en más de 4,000 millones de dólares, y para 2025 se calcula un gasto en planilla de alrededor de 7,000 millones, casi tres veces los aportes del Canal de Panamá al Tesoro Nacional.
Otro aspecto crucial es la posible inclusión en el presupuesto de ingresos provenientes de la operación de la mina de cobre en Donoso. Las negociaciones con la empresa minera podrían extenderse hasta el segundo semestre de 2025 o incluso el primer semestre de 2026, lo que podría retrasar la aprobación del presupuesto o requerir reformas legales posteriores para ajustar las cifras. El Gobierno ha señalado que no permitirá disrupciones sociales que afecten la operación minera, como se evidenció en la reciente reapertura de vías en Bocas del Toro mediante el uso de la fuerza pública.
En cuanto a la distribución del gasto, los ministerios que recibirán mayores asignaciones serán Educación (más de 5,000 millones de dólares), Salud (cerca de 2,500 millones) y Seguridad (aproximadamente 1,000 millones). Esta concentración presupuestaria refleja la presión sobre las finanzas públicas, ya que solo Educación consume la totalidad de los ingresos tributarios del país, y Salud absorbe los aportes generados por el Canal de Panamá. Para financiar el resto de los gastos, el Estado debe recurrir al endeudamiento, lo que genera preocupación por la sostenibilidad fiscal, especialmente si se mantienen tasas de interés elevadas en torno al 8%.
El ministro Chapman ha destacado que el presupuesto es un instrumento flexible, sujeto a modificaciones durante el año según la evolución económica y política. Se prevé que el presupuesto de 2026 sea un episodio trascendental para las finanzas públicas de Panamá, con atención especial de las casas calificadoras de deuda y acreedores internacionales.
